Cuando el alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, instaló cámaras de videovigilancia que controlaban el acceso a su vivienda, con la excusa de que se pretendía proteger la estatua situada en la plaza, denominada “El rapto de Europa”, el PSOE denunció dicha instalación realizada sin ningún tipo de control ni sometimiento a la legalidad. La Agencia Española de Protección de Datos, en una Resolución fechada el 28 de febrero de 2008, dictó una Resolución declarando la ilegalidad del procedimiento del Ayuntamiento, y éste se vio obligado a retirar las cámaras.
