Yolanda lleva años viviendo en ese “sinvivir” que supone la amenaza de un desahucio. El Banco Popular le quitó la vivienda por no poder hacer frente al pago de la hipoteca, aunque le permitió seguir en su domicilio con el pago de un alquiler estándar, no un alquiler social. Pero la situación económica de la familia no mejoró, incluso empeoró y Yolanda no pudo cumplir con los pagos del alquiler. El Banco Popular inició la denuncia judicial para el desahucio.
Yolanda, que vive con sus dos hijos menores de edad,
está separada y sus ingresos son los que recibe de una pensión no contributiva.
