El oscurantismo, la opacidad y el secreto es incompatible con la democracia.
Transcurrido más de veinte años desde la
entrada en vigor de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que reconoce el derecho a conocer,
en cualquier momento, el estado de tramitación de los procedimientos… y obtener
copias de documentos contenidos en ellos y por otro lado, el derecho de los
ciudadanos al acceso a los registros y a los documentos que, formando parte de
un expediente, obren en los archivos administrativos…
El acceso de los interesados no admite excepción, la
Ley ampara el derecho de los ciudadanos al acceso al expediente, a la vista, a
la consulta y a las copias. Ese derecho asiste, en los expedientes terminados,
al común de los ciudadanos, sean o no interesados.
Aunque la regla general es facilitar la vida al
ciudadano y ofrecerle la información que no pide por capricho, lo cierto es que
el alcalde de Torremolinos no se quiere enterar de que el ciudadano tiene
derecho a la información (pronta, exacta y amable) y si se trata de consultar
un expediente administrativo que le afecta, ha de facilitársele sin rodeo ni
excusa. La Administración no es la dueña celosa del expediente sino la
servidora de los ciudadanos. Da rubor tener que recordarlo.
