Yolanda lleva años viviendo en ese “sinvivir” que supone la amenaza de un desahucio. El Banco Popular le quitó la vivienda por no poder hacer frente al pago de la hipoteca, aunque le permitió seguir en su domicilio con el pago de un alquiler estándar, no un alquiler social. Pero la situación económica de la familia no mejoró, incluso empeoró y Yolanda no pudo cumplir con los pagos del alquiler. El Banco Popular inició la denuncia judicial para el desahucio.
Yolanda, que vive con sus dos hijos menores de edad,
está separada y sus ingresos son los que recibe de una pensión no contributiva.
EL pasado mes de junio estaba fijado el desahucio,
pero éste se aplazó atendiendo al informe presentado al juzgado desde los
Servicios Sociales del Ayuntamiento solicitando el aplazamiento para que los
menores terminasen el curso escolar y para que se pudiese negociar con el Banco
Popular. Se fijó una nueva fecha de desahucio para el 19 de septiembre. Pero el
Banco se negó a negociar un acuerdo con la familia.
Llegó el 19 de septiembre sin que el Banco Popular
se dignase a hablar, y finalmente se dio un nuevo aplazamiento hasta el 27 de
octubre. Desde los Servicios Sociales, este concejal ha realizado personalmente
multitud de llamada y envío de email al Banco Popular y a los despachos de
abogados que lo representan, la respuesta siempre ha sido o el silencio o un “no
hay nada que hablar”.
El pasado 27 de octubre nos volvieron a dar un
nuevo aplazamiento, esta vez de diez días, hasta el 6 de noviembre. ¿Accederá
el Banco Popular a sentarse hablar o continuará defendiendo como única salida a
esta situación el echar a esta familia a la calle? La familia le está
ofreciendo ponerse al día en los impagados y hacer frente a los alquileres
futuros, para ello cuenta con el apoyo del Ayuntamiento. Negarse a valorar esta
nueva situación, apostando por el desahucio puro y duro, no tiene nombre.
El Banco Santander, donde está integrado el Banco
Popular, ha obtenido en el último trimestre 22 millones de euros diarios de
beneficios. A ese ritmo puede generar unos 8.000 millones de euros de beneficio
al año.
El derecho a la vivienda, en España, es un derecho
constitucional y en Andalucía, es además, un derecho estatutario, por lo tanto
son las admiraciones públicas, especialmente el Estado y las Comunidades
Autónomas quienes tienen que garantizar ese derecho. Los Ayuntamiento, por sí
solos, no tienen capacidad para ello.
Desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Torremolinos, que trabajamos directamente con las personas más vulnerables de
la sociedad, adaptamos nuestros recursos a las necesidades de los vecinos. Por
eso estoy con Yolanda y sus hijos, por mi compromiso personal y mi obligación
moral y ética por la responsabilidad que tengo en el Ayuntamiento para ofrecer
soluciones concretas que eviten lanzar a una familia con dos menores de edad a
la calle, donde es bastante fácil llegar, pero especialmente difícil salir.
Las circunstancias de este desalojo, la actitud
inhumana del Banco Popular, que se niega a que se cumpla el contrato
establecido entre el propio banco y la familia, hace de este acto, desde todos
los puntos de vista, un desalojo inadmisible, pues es el Banco Popular quien se
niega a cumplir su propio contrato.
Ante esta actitud usurera del Banco Popular, integrado
en el Grupo del Banco Santander, frente a este atropello de los derechos
fundamentales de una familia con menores, el Ayuntamiento está junto a la familia,
y haremos todo lo que legal y materialmente nos sea posible para preservar sus
derechos e impedir toda forma de discriminación resultante del desalojo que no
solo produce una vulneración del derecho a la vivienda, sino que afecta
directamente a otros derechos humanos que tienen su fundamento en la vivienda,
como el derecho a la vida e integridad física o el derecho a la vida privada y
familiar.
Este desahucio es un ataque directo a la dignidad y
los derechos fundamentales de las personas, el Banco Popular, Perteneciente al
Grupo Santander, está dando un trato inhumano y degradante a esta familia.
Ejecutar las órdenes judiciales de desahucio, puede
ser un mandato legal, pero hay que poner al descubierto la miseria de esta
legalidad, que es anticonstitucional al llevarse a cabo sin poner a disposición
de la familia un lugar en que vivir.
Ayudar a que Yolanda y sus dos hijos sigan teniendo
un techo bajo el que vivir es mi obligación y mi compromiso social.
A margen de disquisiciones jurídicas, consumar el
Banco Popular su acción de dejar a Yolanda y sus dos hijos menores en la calle
es inmoral, inhumano, miserable, asocial… es una vergüenza. Una vergüenza para
la sociedad y una vergüenza para las instituciones públicas.
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