“Coherencia y ejemplo de responsabilidad”

Manuel Marmolejo, político de profesión, entró a trabajar en el Ayuntamiento malagueño hace una década, atado a la gaviota y, desde su responsabilidad de Concejal fue abriendo puertas a las empresas de su hermano político, que se ha forrado con las arcas públicas, obteniendo más de dos millones de euros gracias a los cerca de cien contratos adjudicados a dedo en los diferentes distritos de la ciudad.

El Sr. Marmolejo, tras hacerse público su ilegal proceder, aseguró que su problema es que desconocía la Ley de Procedimiento Administrativo que le obliga a abstenerse en el proceso de contratación de una sociedad con cuyo responsable tenga una relación de parentesco. Al parecer también desconoce que “el desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento y responsabilidad”. Y se quedó tan pancho con su infantil "no lo volveré a hacer más".

Tras los primeros driblajes, el Sr. Marmolejo se ha visto obligado a renunciar a su acta de concejal, y lo ha hecho abrazado a su mujer y a la gaviota; sigue siendo vicesecretario de Acción Electoral y Formación del Comité Ejecutivo del PP malagueño y “mano derecha” de su presidente, según ha manifestado éste. Y el exconcejal toma el pelo a los ciudadanos al manifestar que su salida del Ayuntamiento es “por coherencia”, y que, si exceptuamos las firmas, todo es legal.

Parece ser que el PP, como la “camorra”, ha decidido dar cobijo a los “suyos”, hagan lo que hagan. Sólo así se entiende que el frustrado Javier Arenas, Presidente del PP-A, haya afirmado que la dimisión del concejal, Manuel Marmolejo, tras admitir que adjudicó obras menores a la empresa de su cuñado, contraviniendo la ley, es "un ejemplo" de responsabilidad política, y que los socialistas no dimiten ninguno. Para Arenas, en política todo vale, y se olvida de su apoyo dado a Juan Martín Serón, Alcalde de Alhaurín el Grande y Diputado provincial, en libertad bajo fianza por delitos de corrupción. Se olvida de los blindajes de contratos a asesores municipales del PP, los sueldos galácticos, las contrataciones de obras a ex-consejeros políticos, las condenas contra Esperanza Oña o contra Fernández Montes por vulneración de Derechos Fundamentales, etc. Su doble vara de medir es un insulto a los ciudadanos y una burla a la Democracia.