El Ayuntamiento instó a los propietarios a acometer las labores de rehabilitación o proceder al derribo del antiguo hotel, pero la respuesta por parte de los mismos ha sido negativa. Por este motivo, el Consistorio ha decidió la demolición de manera subsidiaria y posteriormente pasará los gastos de ejecución a los dueños del inmueble.
El alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández, debía de tomar buena nota de esta forma de proceder en defensa del interés general y actuar en consecuencia en la excavación del hotel Cruiser, que además de la imagen negativa que proyecta de la ciudad, es un foco de insalubridad, y lo que es peor, una amenaza para los vecinos, transeúntes y automovilistas de la zona, que ya en 2009 los técnicos del ayuntamiento la calificaron de “peligro inminente” sobre las zonas colindantes. ¿Por qué el alcalde, entre proteger a los responsables de una inversión especulativa o defender los intereses de los ciudadanos, se decanta por los primeros?
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