Parece inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y democrático de derecho, todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario y en cambio las entidades financieras, en buena medida responsables de la actual crisis, reciban ayudas millonarias que salen de los impuestos, sin tener que asumir ninguna responsabilidad, al mismo tiempo que siguen generando miles de millones de beneficios anuales.
El informe que varios jueces del Consejo General del Poder
Judicial han elaborado respecto al problema de la vivienda en España es
demoledor; y un dictamen de la abogada general del Tribunal de Justicia
europeo, Juliane Kokott, ha concluido que la normativa española sobre
desahucios incumple la directiva comunitaria de protección del consumidor
frente a cláusulas abusivas.
La ley que rige el mercado hipotecario permite la
absoluta tiranía de los bancos y deja a las personas indefensas. Es una ley de
otra época, está hecha con la mentalidad del XIX para penalizar, más que
proteger, a los pobres; es una ley de cuando la pobreza era una lacra moral
(está a punto de volver a serlo). En países desarrollados no se concibe una ley
semejante, tan sumamente injusta y desequilibrada. En muchos países de nuestro entorno
la entrega de la casa acaba con la deuda. Eso permite que las personas puedan
rehacer sus vidas, y se pone freno a las prácticas torticeras y tramposas de
los bancos.
Si al problema del desempleo se une la pérdida de la
vivienda y el mantenimiento de una deuda pendiente, la vida se hace imposible.
Eso les ocurre cada día a más de 200 familias. Disponer de un lugar para vivir
no sólo marca la diferencia para los desempleados, sino también para la inmensa
mayoría de los pensionistas y de las personas trabajadoras con sueldos bajos
(más del 70% de la población); disponer o no de una vivienda condiciona todo el
proyecto de vida familiar. Así, lo que puede ser soportable con un sueldo bajo
o una pensión de 400 euros, siempre que se tenga casa, deja de serlo en
ausencia de ésta. Disponer de una vivienda marca la línea entre una pobreza con
esperanzas y la más absoluta y desesperanzada pobreza. Con una vivienda es
posible enfrentarse al desempleo, hacer algún proyecto, seguir en la vida; sin
vivienda no es posible. Y peor aún, sin vivienda y con una deuda de por vida.
Los suicidios que están teniendo lugar son la
expresión más dolorosa de un sufrimiento que ha supuesto ya al menos 7 muertes.
Es necesario, no sólo la dación en pago, que tiene que
ser retroactiva, sino la posibilidad de demorar o paralizar el pago de la
hipoteca en caso de desempleo, enfermedad o desgracia familiar, de convertir la
hipoteca en alquiler social, de renegociar aquella…
Es inmoral y constituye un intolerable agravio
comparativo, que una inmobiliaria que ha hecho de la compraventa de viviendas
un negocio lucrativo, pueda saldar su deuda por activos, mientras que una
familia es desahuciada y además continúa arrastrando una deuda de por vida.
El problema de los bancos no es tanto la deuda
hipotecaria de las familias, sino los activos que se acumulan en sus balances
derivados de la quiebra de centenares de
empresas del sector inmobiliario: urbanizaciones fantasmas, promociones sin
acabar, miles de metros cuadrados por construir que se han devaluado…
Ante tanto dolor y sufrimiento, los Ayuntamientos son
las instituciones más próximas al ciudadano y por tanto viven el día a día de
los problemas y las consecuencias personales y sociales que los desahucios
están provocando, y no pueden permanecer indiferentes. A pesar de las
dificultades y limitaciones para actuar desde el ámbito municipal creo que es
imprescindible un pronunciamiento de la Corporación de Torremolinos revelándose
ante una situación que es injusta e insostenible.
El Real Decreto aprobado por el Gobierno no soluciona
el problema en su dimensión real, al quedar excluidas de las medidas la inmensa
mayoría de las familias que van a seguir sufriendo igual que ahora su dramática
situación. El objetivo del Ayuntamiento de Torremolinos debe ser el evitar que
ninguna familia del municipio se quede sin techo y parar todos los desahucios
hasta que haya una nueva ley. Para ello el PSOE ha presentado una moción, que
se discutirá en el próximo Pleno y que mantiene, entre otros, los siguientes compromisos:
1) Solicitar a todas las entidades
financieras con sucursal en Torremolinos la exigencia de suspensión inmediata
de desahucios en nuestro término municipal.
2) Que el Ayuntamiento retire los
fondos municipales de aquellos bancos que no paralicen los desahucios.
3) Exige al Gobierno la modificación
urgente de la legislación Hipotecaria.
4) Creará de forma urgente un Grupo de
Trabajo formado por los partidos políticos con representación en el
Ayuntamiento y los agentes sociales, y un plazo no superior a un mes, para
abordar la posibilidad de establecer un programa de ayudas a las personas y
familias incursas en procesos de desahucios de extrema gravedad, y dentro del
marco competencial municipal, aliviar el sufrimiento de los afectados por
desahucios.
5) Negar desde el gobierno local la
petición de colaboración de la policía local en los procesos de desahucios de
las familias del municipio.
6) Crear una oficina en el Ayuntamiento
con el objeto de: Orientar y asesorar a los ciudadanos, elaborar un Plan
Especial de ayudas sociales, instar al Gobierno de la Comunidad Autónoma a que
mejore o ponga en marcha el servicio de Mediación y pedir a la Diputación que
colabore con el Gobierno autonómico en esta dirección.
Confío que
el Pleno del Ayuntamiento esté a la altura de las circunstancias y apruebe por
unanimidad unas medidas que, dentro de sus posibilidades ayude a sus vecinos a
sobrellevar su dramática situación de la mejor forma posible.
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